Resumen: El recurrente obtuvo cumplida y congruente respuesta a través de una razonada sentencia del tribunal de instancia. No se conculcó el principio acusatorio ni se produjo indefensión, pues aunque la acusación pública elevó su petición de pena, no modificó un ápice lo atinente a los hechos objeto de acusación, de suerte que la defensa tuvo cabal conocimiento de la conducta atribuida. La decisión del tribunal sentenciador se apoyó en suficiente prueba de cargo, apreciada de forma lógica y racional, por lo que resultó enervada la presunción de inocencia. El relato de hechos probados se incardina adecuadamente en el tipo penal aplicado, dado que se produjo un acto de abuso sexual por parte de un superior sobre una subordinada, vulnerándose tanto el bien jurídico de la disciplina como el de la libertad o indemnidad sexual de la víctima. La apreciación del consumo de bebidas alcohólicas como atenuante o como eximente incompleta exige que conste probada la duración de la adicción al alcohol y la singularizada alteración de las facultades intelectivas y volitivas del agente cuando ejecutó la acción punible, lo que no consta en la sentencia recurrida. Procede estimar parcialmente el recurso en lo relativo a la calificación de los hechos como delito de abuso de autoridad en su modalidad de realizar sobre un subordinado actos de abuso sexual previsto en el art. 47 CPM y 181.1 CP en sus redacciones vigentes en 2018, por ser la legislación más favorable, sin modificación de la pena impuesta.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 9.9 LRDGC y 24 CE respecto de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique la ley infringiendo normas constitucionales sobre los derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se apoyan en tal infracción, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 88.1 LJCA, determina la admisión a trámite del recurso.
Resumen: El error padecido durante la tramitación del procedimiento, consistente en la alteración del orden de presentación de los escritos de calificación provisional, fue corregido con anterioridad a la vista oral, por lo que no se produjo ninguna limitación real del derecho de defensa. La indemnización por daño moral fijada por el tribunal de instancia se acomodó a los criterios jurisprudenciales, por lo que no concurre la desproporción que, como única posibilidad, permite su revisión en casación. Los presupuestos fácticos de las circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal han de estar tan acreditados como los mismos hechos. En el relato de hechos probados no consta que el recurrente tuviera en el momento de los hechos una intoxicación etílica plena, sino que la ingesta de alcohol le mermó, pero no anuló, sus capacidades intelecto-volitivas, por lo que le fue adecuadamente aplicada la eximente incompleta. En el mismo sentido, se considera que fueron correctamente inaplicadas las atenuantes de reparación del daño -ya que el acusado se limitó a consignar el importe de la fianza que le había sido requerida- y de provocación previa -al no derivarse la misma de la prueba practicada ni reflejarse en el relato de hechos probados-.
Resumen: La supuesta contradicción de hechos denunciada no se refiere a afirmaciones antitéticas que pudieran dar lugar a una eventual situación de vacío probatorio en aspectos sustanciales del sustrato fáctico, sino que lo que pretende es corregir la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia. La conclusión valorativa realizada por el tribunal sentenciador, con su insustituible inmediación, se ajusta a las reglas de la lógica, sin que se aprecie falta de credibilidad en ninguno de los testimonios que tuvo en consideración. En contra de lo sostenido por el recurrente, la teniente enfermera que depuso en el acto del juicio oral no lo hizo como perito, sino como testigo. Por otra parte, obra en las actuaciones un informe clínico de urgencias en el que se constatan las lesiones sufridas por la víctima, informe que fue considerado con especial detenimiento por el tribunal de instancia como base de los fundamentos de su convicción, por lo que debe ser desestimado el motivo basado en la falta de tipicidad de los hechos que, por otra parte, fueron castigados como constitutivos de un delito de abuso de autoridad, no como de uno de lesiones.
Resumen: El tribunal de instancia no subsanó ninguna vulneración de derecho cometida en vía disciplinaria, ni en lo que se refiere a la denegación de prueba acordada por el instructor -que fue motivada, habida cuenta de la impertinencia de la propuesta- ni en lo que atañe a la acordada por el propio tribunal sentenciador, que había sido propuesta, precisamente, por el recurrente. La vigencia y conocimiento general de los planes de contingencia frente al COVID 19 de la base militar en que tuvieron lugar los hechos quedaron plenamente acreditados por la testifical y documental practicadas. La conducta del recurrente -consistente, en síntesis, en el acceso con dos acompañantes a una zona operativa de una base aérea militar sin contar con la preceptiva autorización expresa del jefe de la unidad y pese a estar suspendidas todo tipo de visitas por los planes de contingencia aprobados para la contención del COVI 19- se incardina adecuadamente en la infracción disciplinaria aplicada, conducta que no puede ampararse en la pretendida autorización de quien no tenía competencia para ello, ni siquiera por la vía del invocado error de prohibición invencible, que no basta con ser alegado, sino que exige cumplida prueba por quien lo aduce.
Resumen: Ni se conculcó la tutela judicial efectiva ni se produjo indefensión alguna, ya que la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida sobre el valor probatorio del parte militar recoge la doctrina legal al efecto, sin que de la literalidad del fundamento pueda desprenderse que el dador del mismo hubiera presenciado directamente los hechos, sobre los que, además, concurrieron otras pruebas de cargo. La presunción de inocencia resultó enervada en virtud de los elementos de juicio de que dispuso el tribunal sentenciador, prueba de cargo suficiente, que resultó valorada en los fundamentos de la convicción de la sentencia combatida de modo lógico y racional, sin atisbo alguno de arbitrariedad. La conducta del recurrente -consistente, en síntesis, en la realización de una maniobra denominada «tonel» en un despegue de servicio de armas- se incardina adecuadamente en la infracción disciplinaria aplicada, norma disciplinaria en blanco que precisa de un reenvío normativo que llevó a efecto la autoridad sancionadora, que se remitió a los arts. 5 -actuación del militar con responsabilidad y ejemplaridad-, 16 -exactitud en el cumplimiento de los deberes y obligaciones- y 43 -deber de conservación del material y cumplimiento de las medidas de seguridad- de las RROO de las FFAA, razonando que la indicada maniobra resulta inconveniente e innecesaria en un despegue que no sea propio de una exhibición aérea, lo que supuso la asunción de un riesgo prescindible.
Resumen: Ninguna indefensión ni vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cabe apreciar por el hecho de que se practiquen en la vista oral -con sujeción a los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad- las pruebas lícitas y directamente relacionadas con el objeto del proceso, oportunamente propuestas por las partes en sus escritos de conclusiones provisionales, aun cuando dichas pruebas no se hubieran practicado durante la investigación sumarial. El tribunal de instancia se apoyó para fundamentar el relato de hechos que declaró probados en suficientes pruebas de contenido incriminatorio, lícitamente obtenidas y legalmente practicadas con todas las garantía en la vista oral, sin que en ellas concurra causa alguna de nulidad, pruebas que fueron racionalmente valoradas, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que resultó enervado el derecho a la presunción de inocencia. El motivo de casación articulado al amparo del art. 849.2 LECRIM carece manifiestamente de fundamento, ya que los pretendidos «documentos» en que se apoya no lo son a efectos casacionales y carecen de literosuficiencia. El motivo casacional articulado por error iuris incurre en causa de inadmisión, pues parte de cuestionar los hechos que la sentencia impugnada declara probados, los que, por otra parte, como puso de manifiesto el tribunal sentenciador, reúnen todos los elementos -objetivos y subjetivo- que integran el tipo penal aplicado.
Resumen: El tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo, válidamente obtenida y regularmente practicada, y valorada conforme a criterios lógicos y razonables, por lo que resultó enervado el derecho a la presunción de inocencia. Tampoco resultó afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que la convicción de los hechos declarados probados se obtuvo a través de una más que sobrada motivación. La expresión «hijo de puta» dirigida a un superior militar, atendidas las circunstancias en que fue proferida -en reiteradas ocasiones y públicamente con motivo de las funciones ejercidas por el superior como agente de la autoridad- reviste del plus de gravedad requerido por el tipo penal de insulto a superior, en su modalidad de injurias graves. Mediante la expresión «compañeros de mierda» proferida por el recurrente contra sus compañeros no incurrió aquel en tres delitos, sino en uno solo, al haber dirigido los insultos y expresiones a sus compañeros de manera genérica, no mediante acciones individualizadas. No existe concurso real, sino concurso ideal de los delitos de insulto a superior y relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, ambos en sus modalidades de injurias graves, por lo que procede aplicar la regla penológica contemplada en el art. 77 CP.
Resumen: En la conducta del sargento condenado no concurrió dolo, ni siquiera eventual, como para ser condenado como autor de un delito de asesinato, pero sí el elemento de gravedad requerido por el delito contra la eficacia del servicio por el que fue condenado, ya que, ejerciendo funciones de jefe de pelotón durante un ejercicio de adiestramiento de combate con fuego real que tenía por objeto un asalto frontal a determinados blancos, ordenó la continuación del ejercicio más allá de lo programado, extralimitándose en sus funciones, y no solo creó un grave riesgo, al encontrarse en el sector derecho otro pelotón que realizaba el mismo ejercicio, sino que, incluso, hizo uso del arma que portaba efectuando disparos por encima de los integrantes de su pelotón, uno de los cuales alcanzó al caballero legionario que resultó fallecido. El tribunal de instancia vulneró las disposiciones legales relativas a la determinación de la pena, por lo que procede aumentarla hasta alcanzar aquella que, dentro de la horquilla legalmente aplicable, resulta adecuada y proporcionada a la grave imprudencia cometida por el condenado. El teniente que fue absuelto y que tenía encomendada la misión de controlar la correcta realización del ejercicio de adiestramiento -por encima, incluso, del sargento condenado-,incurrió en el delito contra los deberes del mando del art. 64 CPM, que solo exige para su perfeccionamiento que se tolere al subordinado una extralimitación de sus facultades.
Resumen: En la sentencia impugnada no concurre falta de claridad ni contradicción en los hechos declarados probados que sean susceptibles de abocar a una incongruencia del fallo. En los fundamentos de la convicción de la sentencia recurrida se desarrolla una valoración lógica, pormenorizada y coherente de todos los elementos de juicio que el tribunal tuvo a su disposición, por lo que resultó enervada la presunción de inocencia. Alguno de los documentos en los que el recurrente apoya su motivo casacional por error de hecho en la apreciación de la prueba carece de literosuficiencia y otros fueron valorados de forma lógica y coherente. Las lesiones se produjeron en nexo causal con una omisión del deber de cuidado objetivamente exigible al denominado "asegurador" en un ejercicio desarrollado durante el curso de unas operaciones especiales -por no sujetar adecuadamente la cuerda que se encontraba a su cargo-, de lo que se infiere que no puede prosperar el motivo del recurso referido a la indebida aplicación del tipo delictivo contra la eficacia del servicio en su modalidad de imprudencia no grave. El conocimiento fehaciente por el asegurado de la posibilidad de que se le declarara responsable civil por los hechos ocurridos en el siniestro es posterior a la suscripción de la póliza, por lo que no puede prosperar el motivo de casación articulado por la aseguradora al respecto. No se aprecia arbitrariedad o irrazonable desproporción en el importe de la indemnización acordada.
